Por años, una empresa busca beneficios fiscales para pagar menos impuestos de los que le corresponde; da sobornos para obtener permisos de operación en municipios donde no deberían dárselos; por su volumen de venta puede permitirse pagar en 90 días a sus proveedores y por sus precios puede desplazar a otros minoristas que terminan por quebrar.
Durante la pandemia deja de pagar la renta de algunos de sus locales, despide de manera masiva a empleados arguyendo que la situación ha vuelto complicada su operación y exige que el gobierno cubra la mitad del salario de quienes continuaron laborando.
Y resulta ser la misma empresa que se benefició de un esquema para repartir dinero antes de un proceso electoral con la intención de generar votos para un partido y que hoy está en campaña condenando las medidas tomadas para contener la enfermedad y exigiendo el regreso a las actividades normales.